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reporteenergia.com.- El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y disertante de las Terceras Jornadas Internacionales de Arbitraje, Héctor Arce, señaló que las empresas extranjeras que tengan la intención de invertir en el país deben someterse a las leyes bolivianas y, en caso de divergencias, no podrán recurrir a arbitrajes internacionales.
Durante el evento, organizado por la Sociedad Boliviana de Arbitraje, indicó que el país cuenta con la Ley 1770 de Arbitraje y Conciliación como principal mecanismo interno de solución de controversias contractuales. Asimismo, remarcó que esta decisión se enmarca en el artículo 318 parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado (CPE) que especifica que “toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable”. A criterio de Arce, no existe reciprocidad de protección en los arbitrajes internacionales, ya que favorecen mayormente a los inversores y pone en el “banquillo de los acusados” a los Estados. Por este motivo, apuntó que en el año 2007 el gobierno tomó la decisión de retirar al país del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y, con la aprobación de la nueva CPE en el año 2009, se buscó la manera de crear mecanismos internos de arbitraje. Cabe señalar que los conflictos culminados y en proceso con empresas extranjeras que operaban en el país, producto de su nacionalización, continúan desarrollándose en tribunales internacionales porque se trata de contratos suscritos con anterioridad a la aprobación de la nueva CPE y la Ley 1770. Bolivia cuenta también con Acuerdos sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APRIs) que son tratados bilaterales de protección a las actividades de las empresas extranjeras en el país, las cuales fueron firmadas en anteriores gobiernos y ahora, de acuerdo a Arce, están en proceso de renegociación para ajustarlos a la actual Carta Magna y las nuevas políticas económicas. Para Dyalá Jiménez, consultora y experta en arbitraje internacional, “cuando un gobierno renegocia o denuncia los tratados manda un mensaje a la comunidad internacional de no conformidad con los estándares mínimos de tratamiento a los inversionistas y, de continuar con esta política, existe el riesgo de alejar las inversiones”. Sin embargo, indicó que cuando el país posee recursos naturales de mucha valía y cuantía las empresas extranjeras mantienen sus intenciones de invertir. ▲ Nacionalizaciones y arbitrajes HIDROCARBUROS. En Mayo de 2006, el presidente Morales inicia el denominado proceso de nacionalización de los hidrocarburos con la compra de acciones y negociación de nuevos contratos. MINERÍA. En octubre de 2006 se nacionaliza la empresa estañífera Huanuni, en febrero de 2007 la fundición Vinto, en mayo de 2010 Vinto-Antimonio y en junio de 2012 la minera Colquiri. ELECTRICIDAD. En mayo de 2010 el gobierno nacionaliza las generadoras Guaracachi, Corani y Valle Hermoso y la distribuidora Elfec y en mayo de este año expropia las acciones de Red Eléctrica Española en TDE . ARBITRAJES. Producto de este proceso nacionalizador, el Estado boliviano afronta doce notificaciones de controversias y arbitrajes. |
