Es muy fácil criticar, la naturaleza humana tiende a cuestionar todo lo que le rodea, empero la honestidad profesional debería conducirnos a una crítica constructiva, objetiva y con propuestas, porque algo indudable en esta vida es que siempre se puede mejorar. Me permito esta introducción porque es necesario que la opinión pública conozca las cifras con precisión, elementos que le permitirán apreciar mejor la realidad de la economía boliviana.
La nacionalización de los hidrocarburos, dispuesta por el Decreto Supremo Nº 28701, de 01 de mayo de 2006, permitió que las empresas petroleras que realizaban actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional, entreguen en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, toda la producción de hidrocarburos, empresa que también asume su comercialización para el mercado interno, la exportación y la industrialización.
Si bien, la Ley N° 3058, de Hidrocarburos que crea el IDH – Impuesto Directo a los Hidrocarburos fue promulgada el 2005, sólo el 50% de los recursos hidrocarburíferos (32% por IDH y 18% de regalías) beneficiarían directamente al Estado Boliviano; por tanto, el mérito innegable de la nacionalización es la apropiación del 100% de los recursos generados por los hidrocarburos.
Hablando de cifras, entre el 2006 y 2018 la administración tributaria reportó que por IDH se recaudaron Bs114.764 millones de bolivianos, por regalías con información de las transferencias efectivas a gobernaciones se estima que en total se generaron Bs63.117 millones, haciendo un total de Bs177.881 millones, esto representa el 50% de la producción, por tanto el otro 50% que corresponde a YPFB destinado al proceso de producción, pago de otros impuestos y utilidades, entre otros, beneficia a la economía nacional. Éste es el resultado de la nacionalización, propiciado por el modelo económico vigente, es decir que Bs355.762 millones circulen en la economía nacional y fortalezcan la demanda interna.
YPFB se constituye en uno de los más importantes Grandes Contribuyentes (GRACO) de la recaudación interna; entre 2006 y 2018 ha contribuido con más Bs16.000 millones por IUE, IVA e IT, recursos que son transferidos a municipios y universidades, en el marco de la normativa vigente sobre coparticipación tributaria.
La política de redistribución de recursos fiscales implementada por el gobierno se expresa en la forma como se distribuyen los recursos provenientes de los hidrocarburos: los nueve Gobiernos Departamentales y el Gobierno Regional del Gran Chaco reciben el 67% de las regalías por hidrocarburos, y alrededor del 68% del IDH es destinado a estas mismas, así como a 337 Gobiernos Municipales (no considera el nuevo municipio creado en Potosí, toda vez que entrará en funcionamiento pleno luego de las elecciones subnacionales del 2020), tres Gobiernos Indígenas Originario Campesinos y 11 Universidades Públicas.
Sin duda la nacionalización de los hidrocarburos se constituye en un hito importante de la historia económica de este país, y se la debe entender como un medio y no como un fin en si misma, puesto que los precios internacionales y la demanda externa tienen efectos en su beneficio; por lo que se debe continuar con los esfuerzos de industrialización del sector, y las entidades públicas beneficiarias de los recursos generados deben ser capaces de orientar los mismos al fortalecimiento de la estructura productiva local.
(*) Economista

Fuente: El Periodico Digital Tarija