reporteeerngia.com.- La nueva Ley de Conciliación y Arbitraje No. 708, promulgada el 25 de junio de 2015 contó con el involucramiento de la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia y fue socializada –entre otros- con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, algunas de cuyas sugerencias fueron incluidas en el texto final.

Esta norma denota el convencimiento del Estado de la necesidad imperiosa de contar con una norma moderna que reconozca a las instituciones jurídicas del arbitraje y la conciliación, como dos de los medios alternativos de solución de controversias más utilizados en el mundo entero.

Como toda norma, contiene elementos positivos y otros perfectibles. Comenzando con los primeros, corresponde indicar que esta nueva Ley incorpora a la Autoridad Nominadora de árbitros, cuando no haya acuerdo entre las partes y al Árbitro de Emergencia, el cual juega un rol preponderante a momento de la solicitud de medidas precautorias; por otra parte prevé la posibilidad que las Empresas Públicas (esto es, las Empresas Estatales, las Empresas Estatales Mixtas, las Empresas Mixtas y las Empresas Estatales Intergubernamentales) reconocidas como tales en virtud a la Ley No. 466 -y entre las cuales se encuentra YPFB, sus afiliadas y subsidiarias- puedan recurrir a arbitraje en Bolivia, bajo Ley Boliviana y en todos los contratos que suscriban con privados.

Otro aspecto que resulta positivo, es la ampliación de plazos, ya que la actual norma prevé que un arbitraje dure hasta 270 días hábiles, cuando su predecesora (hoy abrogada) establecía un máximo de 180 días calendario.

En cuanto a las críticas que podemos hacer, corresponde señalar que en virtud de esta Ley extrañamos la posibilidad que las entidades del Estado en todos sus niveles (como ser Gobernaciones y Alcaldías) puedan pactar una cláusula arbitral o compromisoria en sus contratos con privados. De igual manera, aquellas empresas del Estado (no consideradas como “Empresas Públicas” en virtud a la antes mencionada Ley No. 466) tampoco podrán recurrir a arbitrajes con particulares; tal es el caso de la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC. Recordemos que hoy, la jurisdicción coactiva fiscal restringe al privado de asumir su defensa en igualdad de condiciones.

Finalmente y en cuanto al arbitraje de inversiones, la Ley de Conciliación y Arbitraje establece un régimen especial que permite el arbitraje, pero solo en Bolivia y bajo ley boliviana como la aplicable al fondo de la controversia.  ▲

*El autor es además árbitro en los Centros de Arbitraje de Cainco, CNC y CBHE, de cuyo Centro de Arbitraje es presidente.