reporteenergia.com (Artículo de Franklin Molina Ortiz, ex viceministro de Desarrollo Energético).- La explotación de los recursos naturales tiene generalmente altos costos e impactos, particularmente cuando esta actividad se desarrolla en  áreas de alta sensibilidad ambiental como son las áreas protegidas. Últimamente el término de áreas protegidas ha ido tomando una relevancia en el planeta y se asocia comúnmente al desarrollo sostenible.

Durante el siglo XIX y XX, la revolución industrial trajo consigo una serie de implicaciones no solo en el crecimiento de la producción y la productividad, sino también en el medio ambiente; después de causar devastación de los recursos forestales en los países desarrollados, principalmente en Europa, surgió la necesidad de áreas de conservación natural.

La creación de espacios naturales protegidos nace en Estados Unidos en la década de 1870 como respuesta a esta situación y a la pérdida continua de los servicios ambientales; estos espacios de conservación han ido incrementándose paulatinamente y son generalmente objeto de tensión al interior de los países.

Bolivia es de los 17 países con mayor diversidad en el planeta (PNCC, 2010) y cuenta con enorme potencial en materia de recursos energéticos, de estos los más importantes están las reservas de recursos hídricos, reservas de recursos minero energéticos, de la cual el litio representa una de las más significativas del globo; sin embargo la matriz energética en el país descansa en los recursos hidrocarburos y el gas especialmente, este último además, como principal fuente de divisas.

Los países de nuestra región tienen el desafío de generar una agenda más equilibrada cómo lo señala la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas Rio+20 y planificar una agenda productiva más inclusiva con miras a cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio.

El Estado Boliviano tiene como reto erradicar la pobreza, eliminar la desigualdad y elevar las condiciones de vida de la población, surge en este sentido una cuestión “cómo avanzar con la explotación de los recursos naturales al  mismo tiempo generar condiciones para equilibrar y preservar el medio ambiente”.

De acuerdo a datos oficiales del Balance Energético Nacional, la tasa de crecimiento promedio de la producción de energía primaria en el Periodo 2000-2013 fue de 11,0%  durante el periodo. La producción de gas natural ha crecido a una tasa mayor al total, siendo de 14,0% anual; ello ha llevado a aumentar su participación en la producción primaria en todo el periodo, pasando del 56,7% en 2000 a situarse por encima del 80% en 2014.

Por un lado se evidencia que la producción de hidrocarburos se incrementó notablemente en los últimos años, por otro lado se constata que grandes megacampos productores de gas han comenzado su fase de declinación natural, situación que hace necesaria una campaña inmediata para acelerar la exploración con el objetivo de encontrar nuevas reservas de gas que garanticen la seguridad energética del mercado interno y el cumplimiento a los contratos de exportación de gas a la Argentina y Brasil.

Nuestro país posee 542.150 kilómetros cuadrados de cuencas sedimentarias con potencial de producir hidrocarburos, esto equivale al 49% del territorio nacional. Hasta ahora se han delimitado 104 áreas reservadas para la exploración y explotación por YPFB Corporación, las cuales cubren 22.164.672,32 hectáreas, que se encuentran distribuidas en casi todos los plays exploratorios del país, excepto en Pantanal y Sub-andino Norte.

Por otro lado, las áreas protegidas  abarcan cerca del 16% del territorio nacional, a ellas se suman unas 100 áreas identificadas a nivel departamental y municipal, en total cubren una extensión equivalente a un 22% de la superficie del país.

La mayoría de las áreas protegidas están sobrepuestas, principalmente por pueblos indígenas y comunidades campesinas; conviene precisar, que es de conocimiento público la existencia actividades en las áreas protegidas, que de manera ilegal se vienen desarrollando hace bastante tiempo, como ser forestales, agrícolas, mineras y de otro tipo de explotación,  generando una afectación mayor a los espacios de conservación y poniendo en grave riesgo inclusive zonas núcleo de parques nacionales.

Por otro lado llama la atención el crecimiento de TCO´s  y nuevos asentamientos humano en estas áreas protegidas, sobre todo cuando se evidencian indicios de potencialidad de hidrocarburos.

Existe un marco institucional normativo y regulatorio importante en cuanto a la gestión de las áreas protegidas. El Artículo 385 de la Constitución Política del Estado, dispone que las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país: cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. La gestión de las áreas protegidas está a cargo del Sernap.

La Ley 3058, establece procedimientos sobre la explotación de los hidrocarburos en áreas protegidas y el reglamento General de Áreas Protegidas, norma una regulación en la gestión de las áreas protegidas,  definiendo su marco institucional, en función a lo dispuesto en la Ley de Medio Ambiente.

Últimamente se ha emitido el DS 2366 que tiene por objeto establecer las medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional, en el marco de su carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida.

Asimismo se establece actividades autorizadas y medidas ambientales a ser aplicadas, así como el destino del 1% para uso exclusivo el fortalecimiento del área intervenida.

Una óptima gestión ambiental articulada a las políticas sectoriales debe cumplir la función de proteger los servicios ambientales (biodiversidad, ecosistemas y protección a la vida)  y los impactos culturales y sociales; comprende una serie de acciones para desarrollar una explotación racional en el marco del desarrollo del nuevo modelo de gestión compartida, en ese sentido la gestión institucional del Sernap con las organizaciones indígenas es un importante avance.

El presidente Morales ha manifestado públicamente que “se debe intensificar la exploración en Bolivia, respetando las consultas a los pueblos indígenas y en el marco de decisiones soberanas sin intervenciones externas, inclusive en áreas protegidas, dado que sólo se afectaría el 0,04% de la superficie”.  Asimismo, puntualizó: “Bolivia vive del Gas, pero se deben buscar otras alternativas y la gran alternativa es la industrialización”.

Actualmente se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la Ley Marco de Consulta. Esta nueva ley regulará los mecanismos e instrumentos y participación de los actores indígenas y campesinos en las actividades extractivas en áreas protegidas, para lo que se requiere una efectiva coordinación y participación con los actores sociales y el sector.

Resulta importante la armonización de los intereses locales, con los intereses nacionales y de conservación con el medio ambiente. En este sentido es prioritario promover la elaboración de instrumentos responsables  en las áreas protegidas como son la evaluación ambiental estratégica, planes de manejo, zonificación, indispensables para el aprovechamiento racional y sostenible.

Por otra parte, es necesario fortalecer la capacidad institucional de los actores que inciden en el manejo de las áreas protegidas en distintos aspectos, competencial, gestión, recursos humanos y recursos financieros para el desarrollo de actividades efectivas de conservación.

Pero más allá de la explotación de los recursos naturales en el ámbito energético, debemos buscar un modelo sostenible.

Este modelo debe estar orientado a la diversificación de la matriz energética, dado que los recursos hidrocarburos son una fuente no renovable y tienden acabarse con el tiempo.

Por ello es necesario fortalecer nuestro sistema energético y este nuevo modelo debe incluir la seguridad del abastecimiento y de la oferta sostenible, la diversificación de las fuentes energéticas, el desarrollo de tecnologías apropiadas, una mayor eficiencia energética y el acceso a la energía para que esta se convierta en un mecanismo efectivo para eliminar la pobreza. ▲