La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) identificó a la fecha al menos 25 áreas  mineras que fueron transferidas ilegalmente a terceros. Los yacimientos volverán a manos del Estado, porque sólo servían para » engorde” (para ser traspasados y obtener así ganancias). 
Los dueños vulneraron la Sentencia Constituciona 032/2008, la Ley de Minería 535 y la Constitución Política del Estado. 

«Tenemos identificadas 25 áreas que fueron transferidas a diferentes empresas, entre ellas algunas extranjeras, cooperativas, unipersonales y otras. Ya hemos pedido a Fundaempresa que nos haga llegar un resumen de esas transferencias que se han realizado  de 2008 a la fecha”, explicó ayer el asesor jurídico de la AJAM, José Encinas.
Explicó que las tareas de fiscalización, que se iniciaron hace dos meses, obedecen al cumplimiento de la Ley de Minería 535 y a la Sentencia Constitucional 0032/2006, que establece que «las concesiones mineras no podrán ser vendidas, hipotecadas, empeñadas o heredadas, ya que se respetará el derecho propietario de los recursos naturales del Estado con la aplicación plena de la Sentencia Constitucional”.
El documento agrega  que «las riquezas naturales del país son de dominio originario del Estado, constituyen bienes públicos y, por lo mismo, son inalienables, no pueden ser enajenados, no se puede trasladar la titularidad de su dominio a manos particulares”. 
Según Encinas,  el traspaso a terceros causó un daño económico al Estado, debido a que las ventas se realizaron, en algunos casos,  con precios nominales.
Dijo que esta semana se informará en conferencia de prensa cuáles son las empresas que «traficaban” con concesiones mineras.

Por ejemplo, afirmó que los socios de la  Empresa Minera Tirex Ltda. vendieron 17 concesiones mineras denominadas Alcira SA,  en Potosí a la firma china Jungie Mining Industry Co Ltda por  530 mil dólares.
La AJAM, al enterarse, revirtió el derecho minero de forma temporal, mientras Jungie Mining regulariza su solicitud de contrato administrativo.
No se afectará la  seguridad jurídica al inversionista chino, que   destinó 10 millones de dólares a la fase de exploración; la firma opera en el país desde 2011.
De acuerdo con Encinas, los dueños y socios que realizaron transferencias ilegales son personas que se  dedican a la compraventa para «engordar sus capitales”.

 
 Anticipó que la AJAM ahora trabaja para conocer a cuánto asciende el daño económico ocasionado al Estado por estas ventas. 

Advirtió que  todos los casos de transferencia de capitales y acciones a terceros  serán investigados. De comprobarse ilegalidades, las áreas mineras serán revertidas al Estado.

El proceso  penal
Juicio El asesor jurídico de la  AJAM, José Encinas, informó ayer que  a los socios de la mina Alcira se les sigue un proceso penal por los delitos de estelionato y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, por la transferencia total de su paquete accionario de 17 concesiones en una mina a  la firma china Jungie Mining Industry,
Acusación La AJAM presentará la querella formal contra los involucrados en la venta ilegal.
Socios Juan Pablo Villalobos Oroza, Jaime Villalobos Oroza y María  Villalobos Oroza     tenían el 50% de la concesión.
Propiedad   El resto del paquete accionario estaba con otras dos personas, que también serán investigadas.

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