Productores. Los departamentos que conforman el Codephi exigen una explicación al estado sobre la situación del dinero ‘confiscado’ para La ley de Incentivos.

Tanto el secretario de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, como su homólogo tarijeño, Freddy Castrillo, demandan al gobierno del presidente Evo Morales información referente a los resultados de la exploración en estos años de vigencia de la ley 767 y el destino que se dio a los recursos debitados del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las gobernaciones, municipios y universidades.

“Nosotros pedimos al Gobierno que se recaude la información correcta, si se invertirá en exploración y explotación, que por lo menos nos indiquen donde estarán dirigidos dichos recursos que son propios de las gobernaciones”, dijo Soliz.

Asimismo, indicó que no sería justo que los departamentos productores inviertan para que los recursos sean llevados a zonas no productoras en donde la exploración duraría más años, “es por esto que nosotros pedimos también fiscalizar nuestras propias áreas”.

Foto: Castrillo indicó que desde la creación de la Ley de Incentivos ya se cumplen 2 años y hasta el momento no se ven los resultados.

La ley del 2015

Por su parte el secretario de Hidrocarburos de Tarija, señaló que lo fundamental es que el Gobierno cumpla su palabra con respecto a los beneficios que se deberían recibir por el aporte que se hace por la aplicación de esta ley, además recordó las palabras del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en la gestión 2015, aseguró que por cada dólar que las gobernaciones aporten de su IDH al fondo de incentivos, recibirían hasta 8 dólares más.

Esta devolución debió realizarse a partir de comienzos de este año, según las autoridades, falta poco más de un mes para finalizar el 2017 y a las gobernaciones no ha retornado un solo centavo.

Desde la perspectiva del secretario de Hidrocarburos de Tarija, no existe avances ni nuevos descubrimientos, no hay resultados positivos en cuanto a exploración, no se tienen desarrollados nuevos campos ni concretar nuevos mercados para el gas natural, tampoco para el Gas Licuado de Petróleo, además de que no se cuenta con certificación actualizada de reservas “creemos que es porque obviamente no se ha descubierto absolutamente nada, al margen de que se dilata sistemáticamente la contratación de una empresa que actualice nuestras reservas, no informa al país sobre la situación real del sector”.

Codephi

En este sentido, Castrillo dijo que esta es una posición que fue planteada por el Consejo Nacional de Departamentos Productores de Hidrocarburos (Codephi) en su cuarta reunión llevada a cabo en Santa Cruz los días 31 de octubre y 1 de noviembre, escenario en donde se analizaron varios temas sobre la problemática de los hidrocarburos, entre ellos, el hecho de que ya se cumplen más de dos años de vigencia de la Ley y las gobernaciones no tienen resultados y mucho menos para los sectores a quienes se les confiscó recursos del IDH.

“Con los departamentos que conforman el Codephi llegamos a la conclusión de que no sabemos dónde están esos recursos, no sabemos dónde se invirtieron, queremos saber el paradero de esos recursos (…), si no los están usando que lo devuelvan”, manifestó Soliz.

“Como Codephi nos hemos reunido en diferentes oportunidades donde pudimos analizar la problemática de los hidrocarburos en cuanto a exploración, explotación, producción, comercialización e industrialización; demandamos a las autoridades nacionales debatir todos estos temas para establecer una agenda de trabajo y que el Gobierno, a través del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), escuche a las regiones productoras”, agregó Castrillo.

Sobre este tema, la autoridad cruceña señaló que en reiteradas ocasiones intentó comunicarse con el ministro de Hidrocarburos y que no recibió respuesta alguna, “tenemos que sentarnos a dialogar sobre la situación que se está viviendo en el departamento y en el país en general”.

Foto: Soliz manifestó que la CPE, en el artículo 351, indica que toda industrialización de recursos deben distribuirse entre los territorios productores.

Ley de Industrialización

Otro aspecto importante en el tema de recursos económicos que se necesitan en las entidades territoriales autónomas, es una ley de Industrialización para la repartición o distribución de recursos provenientes de la industrialización, según Soliz.

“Está todo claro en la Constitución Política del Estado (CPE) en el artículo 351, donde dice que toda explotación e industrialización de los recursos naturales, como ser hidrocarburos, los recursos económicos deben distribuirse entre las entidades territoriales para el mejor desarrollo de sus regiones, a través de una ley”, recordó.

Por su parte Freddy Castrillo, indicó que se necesita una ley acorde al nuevo marco constitucional, que contenga reglas claras, promueva la exploración, que pueda atraer inversiones, consolide la institucionalización de YPFB, permita contar con herramientas para lograr nuevos mercados, promueva e incentive la exploración en áreas no tradicionales, permita transparentar la información sobre el sector y fundamentalmente, reconozca el derecho a los departamentos productores a participar en la planificación y toma de decisiones de toda la cadena de hidrocarburos.

Asimismo, dijo que como Codephi, se propusieron a elaborar una ley denominada Distribución de las Utilidades Generadas por la Industrialización de los Hidrocarburos, de acuerdo a lo que establece la CPE en su artículo 355 párrafo II. “Esta propuesta de Ley vamos a socializarla con todos los departamentos productores y no productores, municipios, universidades, instituciones cívicas y organizaciones de la sociedad civil porque creemos que los beneficios de la Industrialización deben llegar a todos los niveles de gobierno y a todos los bolivianos en su conjunto”.

Castrillo aseguró que compartiría esta iniciativa con la visita a diferentes departamentos del país para hablar con las autoridades e instituciones con la finalidad de construir esta propuesta y que exista un beneficio absoluto para todos.

Soliz recordó que el ministro Sánchez manifestó que existirían 60 MMdd en utilidades por la industrialización de la urea.

Autoridades exigen informe

• Los secretarios de Hidrocarburos y Energía de ambos departamentos manifestaron que en diferentes ocasiones intentaron tener una mesa de diálogo con el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez y que no tuvieron ninguna respuesta.

• En este sentido Soliz dijo que agotaron todas las instancias formales para reunirse con la autoridad nacional y aseguró que si se sigue manteniendo esta distancia, tomarán acciones legales, con la finalidad de tener conocimiento sobre el destino del porcentaje que les fue confiscado para ser utilizado en la Ley de Incentivos realizada por el Gobierno boliviano en la gestión 2015.

Texto: Fernando Aguirre G.

faguirre@reporteenergia.com