La ley N° 303/2017-2018 de Aditivos de Origen Vegetal, que permite la producción, uso y comercialización de este tipo de aditivos con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de gasolina y diésel, fue promulgada el pasado 15 de septiembre por el presidente del Estado boliviano, Evo Morales en la localidad de Mineros, a 82 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
“La utilización de los aditivos de origen vegetal solo se podrá realizar garantizando la seguridad alimentaria, y sin descuidar la provisión de los alimentos. El azúcar, en el caso de la producción de etanol para gasolina y el aceite comestible, en el caso del diésel”, explicó Morales durante la inauguración de la planta deshidratadora de Etanol y la planta de cogeneración de energía eléctrica interconectada al Sistema Nacional.
De acuerdo con información proporcionada por la Agencia de Noticias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Ley apunta a utilizar el etanol excedente de la producción sucroalcoholera para procesarlo y obtener alcohol anhidro, que se utilizará como aditivo para la producción de una gasolina de mayor rendimiento.
Inyección económica
“La producción de etanol demandará de la economía boliviana 1.600 millones de dólares (MMdd), de los cuales, un aproximado de 950 MMdd serán destinados a mejorar las variedades de caña, al acondicionamiento de tierras, a la mecanización del agro y a la mejora en los sistemas de cosecha. Los otros 350 MMdd se invertirán en los sistemas de deshidratación de etanol y en la ampliación de la capacidad de molienda y tratamiento de residuos”, explicó el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez.
A su vez, el presidente de YPFB, Óscar Barriga, recordó que, con esta medida, “el Estado reducirá la subvención a la importación de combustibles por un monto superior a los 20 MMdd solo el primer año, llegando a un ahorro acumulado de mas de 500 MMdd hasta el 2025”.
Por otro lado, el presidente delo Ingenio Azucarero Unagro, Roberto Barbery, aclaró que este proyecto permitirá la dinamización del sector cañero y de la economía en general, mediante la creación de 15 mil empleos directos, y de al menos 12 mil empleos indirectos, aportando de ese modo a la reducción del desempleo en 0,8 puntos porcentuales.
El proyecto también conlleva beneficios ambientales como la reducción de la contaminación por emisión de gases de efecto invernadero y, según palabras del presidente de YPFB, Óscar Barriga, el proyecto se cierra virtuosamente mediante el incremento de la capacidad de producción de caña, mismo que será impulsado por la fertilización con urea producida en Bolivia.
De acuerdo con YPFB, este proyecto es el resultado de la aplicación de la economía plural donde el Estado y el sector privado se articulan para llevar adelante un emprendimiento conjunto beneficiando a la población boliviana con un importante cambio de matriz energética que desplaza parte del consumo, de un combustible fósil, por otro de mejor calidad y rendimiento.
Redacción Central
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