reporteenergia.com.- La aprobación de la nueva Ley Minera en la Cámara de Diputados preocupa a diferentes analistas de este sector en Bolivia, puesto que consideran que no atraerá nuevas inversiones y consolidará una industria minera poco competitiva, burocrática, de altos costos y con muy poca seguridad jurídica.

Al respecto, expertos consultados por Reporte Energía coinciden en señalar que la nueva norma no está abordando los principales problemas de la minería en su real dimensión.
A ellos se suma la ausencia de exploración, falencia crítica de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), proliferación de cooperativas, informalidad minera y ausencia de control estatal de la minería, entre otros.
En este tema el analista minero, Henry Oporto, dejó entrever su pesimismo al afirmar que la nueva ley es irrelevante frente a la dimensión de los problemas actuales deeste sector.
“En realidad, ni siquiera está enfocada en buscar soluciones efectivas y de fondo. Me anticipo a advertir que nada va a cambiar en el desolador panorama que hoy ofrece la minería, ni va revertir la languideciente actividad minera en el país”, subrayó.
En esta línea, el ex ministro de Minería y Metalurgia, Dionisio Garzón, dijo que se vislumbra un cambio de paradigma que presupone el predominio del sector estatal y el control de toda la cadena productiva por parte del Estado.
“Hasta donde se conoce de esta Ley, aparte del enunciado, no se define como se implementará el cambio para que el Estado a través de Comibol cumpla este cometido”, aseveró.
Según el criterio del ex director de Minas e Hidrocarburos del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, José Padilla, se requiere capacitar a profesionales en este rubro para impulsar la industrialización.
Por otro lado sostiene que la norma en cuestión no ofrece incentivos para dar el valor agregado a los minerales. ”Necesitamos que exista una metalurgia para separar los distintos minerales y dejar de comercializar materia bruta”, precisó.
Entre los cambios que generarán impactos negativos para el sector minero, los expertos observan la anulación del sistema de concesiones y su reemplazo por contratos administrativos.
El artículo 98 de la Ley del sector indica que las áreas y parajes mineros son intransferibles, inembargables, y no son susceptibles de sucesión hereditaria, lo que conlleva a la prohibición de inscripción de derechos mineros en bancos y entidades financieras con fines de financiamiento.
De igual forma introduce los nuevos conceptos de función económica social y participación aplicados a la actividad minera (Arts. 17 al 19).
A su vez se indica que todos los contratos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, además que la fase de exploración estará a cargo del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin).
Para Garzón, los cambios mencionados son muy interesantes como enunciados; sin embargo, forman una “camisa de fuerza” para empresas e inversionistas.
Otro aspecto que limitará las inversiones es que con esta nueva Ley no habrá concesiones, por lo que el inversionista no asumiría los riesgos, debido a la falta de seguridad jurídica, puntualiza Padilla.
En este punto, Oporto remarca que la inversión extranjera abarca la mayor parte de los recursos disponibles en el sector minero, además que según los reportes del Banco Central de Bolivia (BCB) del 2013 esta ha disminuido en 31%, de $us 218.9 a $us 151 millones.
Por su parte Enrique Arteaga, analista minero, considera que dejar la responsabilidad de la exploración a Sergeotecmin no es acertada, puesto que es una institución muy debilitada por sus magros presupuestos.
Además, añade, con las nuevas imposiciones sobre consulta previa y el supuesto derecho de los regantes se limitará enormemente la exploración, mientras que el diferimiento del tratamiento del aspecto impositivo, influirá en inversiones futuras.
“En otras palabras, veo que la actividad minera estará a merced del cooperativismo y la inversión privada será reducida a su mínima expresión”, coincide el experto.
Por su parte Padilla resalta que Sergeotecmin debería dedicarse a efectuar investigaciones a través de convenios internacionales para ubicar nuevos yacimientos. Como ejemplo de sus falencias señala que no ha terminado ni las hojas cartográficas mineralógicas de Bolivia, documentación básica de la geología para atraer inversiones.
Por otro lado, los analistas consultados sostienen que el principal “cuello de botella” de este sector es de índole político por la ingobernabilidad que se ha apoderado de la minería y una incapacidad real para atacar los problemas y aplicar medidas coherentes, eficaces y con proyección de largo plazo.
Estas debilidades implicarán menos control técnico, medio ambiental y tributario por parte del Estado, por la imposibilidad de controlar las cada vez más numerosas operaciones de minería artesanal distribuidas en gran parte del territorio boliviano.

LEY TRIBUTARIA
La decisión del Gobierno de retirar de la nueva Ley Minera el aspecto impositivo y traspasar esta responsabilidd al Ministerio de Economía y Finanzas, es considerado como una mala señal porque se mantendrá en suspenso su definición hasta la aprobación de la nueva Ley Tributaria.
Sin embargo, consideran que el mantener el sistema de regalías mineras en el texto de la Ley y sin cambio al que actualmente rige para los operadores mineros, es una señal alentadora.
Asimismo esperan que cuando se tenga el sistema impositivo completo, se corrijan algunos “privilegios” de algunos sub sectores como el de cooperativas que no pagan impuestos y acceden a cancelar solo el 60% de regalía cuando venden su producción en el mercado interno. ▲
Opiniones
José Padilla, experto en minería y siderurgia
“No impulsa la industrialización
de minerales en el país”
A esta nueva ley le falta la reestructuración del sector minero, incentivos y capacitación a profesionales en este rubro para impulsar la industrialización de nuestros minerales. Por otro lado, no incentiva a dar el valor agregado a los minerales. Necesitamos que exista una metalurgia para separar los minerales y eso se consigue con aplicación de nuevas tecnologías.
No hay incentivo verdadero a la inversión, a la investigación, creación de nuevas empresas y exploración de nuevos yacimientos. Pero para ello se tienen que tener las reglas claras para ejecutar estas inversiones. Considero que no es una ley buena para el sector, porque la minería ha retrocedido a nivel internacional, porque no habido incentivo a la exploración y falta actividad con nuevos descubrimientos de minerales.
Además la nueva ley debería diferenciar la minería del oriente del occidente, porque no es lo mismo hacer la prospección e investigación geológica en estas dos zonas.
Las normas además deberían se transversales, porque toda industria, como la minería, necesita energía, entonces debería incluir la provisión de electricidad y gas.
Henry Oporto, analista minero
“El Gobierno ha perdido independencia
en sus decisiones de política minera”
En las empresas estatales mandan los sindicatos. Quienes ocupan cargos son impuestos por los sectores, sin importar sus méritos, y su ejercicio está signado por un conflicto de intereses. Así pues, el gobierno ha perdido independencia en sus decisiones de política minera; prácticamente es rehén de las presiones corporativas.
A la vez, la intromisión política en Comibol y en las empresas, las deja sin ningún margen de gestión autónoma, puesto que el ámbito de las decisiones políticas (el Estado) se entremezcla y confunde con el de las demandas sociales, por lo que prevalece es una lógica perversa de interferencia y de bloqueo mutuo y donde lo que menos cuenta es la racionalidad de demandas y las decisiones.
De este modo, todo es objeto de negociación y casi siempre de una pulseta de fuerza. Lo acabamos de ver otra vez en la discusión de la ley minera.
La consecuencia es la des-institucionalización del sector . Por cierto, la Ley de Minería no arregla nada de esto. Y mientras la ingobernabilidad siga haciendo presa de la industria minera, no hay futuro promisorio.
Dionisio Garzón, ex ministro de
Minería y Metalurgia de Bolivia
“Se propone un cambio de paradigma de
dominio estatal, pero no definen cómo”
Propone un cambio de paradigma que presupone el predominio del sector estatal y el control de toda la cadena productiva por parte del Estado. Hasta donde se conoce esta ley, aparte del enunciado, no se define como se implementará el cambio para que el Estado a través de Comibol, cuya estructura ha sido destruida con la Nueva Política Económica neoliberal impuesta al país desde 1985, cumpla esos cometidos.
La minería será además menos competitiva, de predominio del sector cooperativo, con mayores ventajas para operar con este modelo de organización y que, crecerá en desmedro del sub sector estatal y privado como ya viene ocurriendo. Esto significará menos control técnico, medio ambiental y tributario por parte del Estado, por la imposibilidad de controlar las cada vez más numerosas operaciones de minería artesanal distribuidas en gran parte del territorio nacional.
Todos estos cambios, muy interesantes como enunciados; forman una “camisa de fuerza” para empresas -e inversionistas. ¿Cómo funcionará la nueva minería con esta “camisa de fuerza”?, es una incógnita.