El escándalo de corrupción del Gobierno kirchnerista que sacude a Argentina ya salpica a Bolivia. El Consorcio Ar.Bol. (Argentina-Bolivia) y la empresa española Isolux-Corsán Corviam están involucradas en la presunta red de sobornos denominada Lava Jato argentino y firmaron contratos por un total de 791 millones de dólares durante el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las presuntas coimas se descubrieron a través de los cuadernos de anotaciones del chofer de un alto funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En los manuscritos se describe cómo el conductor llevaba bolsas de dinero que empresarios pagaban como sobornos a autoridades gubernamentales.

Uno de los empresarios capturados por este caso es Gerardo Ferreyra, vicepresidente de la compañía Electroingeniería, la misma que formó parte del consorcio Ar.Bol. (Argentina-Bolivia), que fue contratada por el Gobierno boliviano en enero de 2010 por 257 millones de dólares para construir la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey.

En el acto de firma de contrato, en palacio de gobierno, el mismo Gerardo Ferreyra estuvo junto al presidente Evo Morales y elogió la construcción de la equidad social en Bolivia. Ahora, el empresario está detenido, cita la Red Erbol.

Según el periódico La Nación de Argentina, la compañía Electroingeniería era una pequeña empresa (pyme) que, a partir de 2003, con el kirchnerismo, se convirtió en una de las grandes jugadoras de la obra pública en Argentina.

En Bolivia, el consorcio Ar.Bol. no cumplió con el contrato para la construcción de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey. En agosto 2015, el Gobierno anunció que decidió rescindir el contrato, después de advertir mucha demora en las obras.

Tras la rescisión de contratos , la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se hizo cargo del proyecto de infraestructura vial.

La otra empresa involucrada en el escándalo de sobornos argentino es la española Isolux-Corsán Corviam, que fue conocida en Bolivia por abandonar en 2017 dos obras multimillonarias que le adjudicó el Gobierno: la construcción de la hidroeléctrica Miguillas y la carretera Ixiamas-San Buenaventura (534 millones de dólares por ambas obras).

El empresario implicado es este caso es el argentino Juan Carlos de Goycoechea, expresidente de la filial argentina de Isolux, quien al menos hasta la tarde de ayer estaba prófugo de la justicia. Según La Nación, el acusado mandó a decir al juez que se presentaría después, porque estaba de viaje esquiando.

No es la primera vez que el nombre de Goycoechea surge vinculado al de Bolivia. En 2017, el periódico español El Mundo publicó que Isolux había montado una red de sobornos en Sudamérica.

Según la publicación, Goycoechea se contactó, el 30 de marzo de 2015, por correo electrónico con diversos cargos de Isolux para aconsejar el pago de “un millón de dólares que sería prudente dejar en Bolivia para atender una serie de compromisos que ayudan y mucho”.

El proyecto hidroeléctrico de Miguillas, hasta el abandono de obras de Corsán Corviam, sólo registró un avance de 7 por ciento, pero con la ejecución de las boletas de garantía el Estado no perdió los recursos que desembolsó inicialmente.

El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, informó que los representantes de dos empresas españolas que incumplieron contratos de obras en Bolivia ofrecieron una disculpa al presidente Evo Morales.

Datos

El escándalo provocó detenciones en Argentina. La declaración de una expareja del chofer de Roberto Baratta, ex úmero dos del exministro de Argentina, Julio de Vido, y las anotaciones sobre supuestas coimas en ocho cuadernos del conductor desataron una ola de detenciones de funcionarios de la administración kirchnerista y empresarios.

Citan a declarar a la expresidenta Kirchner. El juez federal Claudio Bonadio autorizó al Senado para que permita allanar los domicilios de la senadora Cristina Kirchner.

Ministro Claros no sabía que Corsán daba sobornos

En abril de 2017, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, afirmó que desconocía la denuncia sobre la red de sobornos que montó la empresa española Isolux Corsán en Sudamérica y África para lograr obras públicas y que destinó un millón de dólares para favorecerse en Bolivia con adjudicaciones estatales.

“Nosotros no tenemos esa información (…), todos esos procesos en los cuales la empresa ha participado son financiamiento del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), Banco Mundial (BM) que hacen proceso de licitación, no hay adjudicación directa, entonces, si ha habido alguna dádiva o alguna situación, ojalá la empresa lo denuncie. Nosotros vamos a hacer alguna investigación sobre el tema”, sostuvo Claros cuando fue consultado sobre esta situación por Los Tiempos.

La denuncia fue publicada por el diario español El Mundo en abril de 2017.

Con información y foto de Los Tiempos